Radio Vanguardia

En marzo se reinician las sesiones del Congreso y volverá el galope parlamentario, para aprobar precipitadamente el paquete legislativo de la Unidad Nacional Santista.

El gobierno Santos, como los demás, adecúa el marco jurídico, a los intereses del bloque oligárquico que gana las elecciones, para implementar sus planes de acuerdo a su “ley”, porque la oligarquía que controla el Congreso, legisla para acrecentar sus privilegios, montada sobre el pueblo. Sin embargo, las leyes que tramita Santos, son las campeonas de lo antisocial.

LEY DE SOSTENIBILIDAD FISCAL

La joya de la corona, del paquete legislativo santista, es la llamada ley de Sostenibilidad Fiscal, que es una verdadera aberración jurídica, en contra de los intereses populares.

Tiene dos componentes: El Proyecto de Acto Legislativo (PAL) N 016 del 2010, que establece como derecho fundamental la Sostenibilidad Fiscal; complementado con el Proyecto de Ley N 112 del 2010, que impone la Regla Fiscal.

El PAL 016, reforma la Constitución en los artículos 334, 339 y 346, estableciendo que la estructura estatal y las ramas del poder público, quedan sometidas al principio de la Sostenibilidad Fiscal. Eso rige las posibilidades del Plan Nacional de Desarrollo y determina los alcances del Presupuesto anual de Gastos de la Nación.

El proyecto de Ley 112, implanta la Regla Fiscal, fórmula matemática diseñada por el Banco Mundial que ha venido imponiendo el FMI, para que todos los países deudores de la banca multilateral, tengan la obligación y la prioridad de pagar la deuda externa, independientemente de sus condiciones fiscales.

La Regla Fiscal, establece los mecanismos para disminuir el gasto social, pues se basa en el supuesto falso, que el déficit fiscal lo originan los altos costos sociales.

LOS PROBLEMAS FISCALES

El déficit fiscal es un cáncer congénito al sistema capitalista, dado que todos los gobernantes llegan a la administración pública a engordar sus bolsillos y no a solucionar los problemas sociales, ni a dar un correcto manejo al erario público. Así, siempre serán mayores los egresos que los ingresos.

Miremos algunas cifras:
. Corrupción del gobierno central = $4 billones
. Evasión y elusión fiscal = $18 billones
. Compensaciones y subvenciones al gran capital =$10 billones
. Compromisos por vigencias futuras del gobierno anterior = $30,5 billones.
Pretensiones por demandas de contratistas = $750 billones, que representa 5 veces el presupuesto para el 2011.

El problema fiscal es la corrupción y la inequidad en la impuestación, ya que los sectores más pudientes no pagan impuestos y estos se recargan en los trabajadores.

Con el cuento de la “confianza inversionista”, el anterior gobierno rebajó los impuestos al gran capital e hizo exenciones a las empresas multinacionales, es el mismo rumbo que lleva el gobierno Santos.

Colombia tiene una de las tasas más bajas de impuestación empresarial, con apenas el 12,5 por ciento; cuando el promedio de América Latina es 17 por ciento.

SACRIFICAR EL GASTO SOCIAL

El presupuesto aprobado para 2.011 es de $147,3 billones. Los rubros más grandes son: Servicio a la deuda = 26%, Defensa y seguridad = 19%, Transferencias territoriales = 17%, Transferencias a pensiones = 16%, Educación = 11%.

Como se puede apreciar, para pagar el servicio a la deuda y los gastos de guerra, se gastan cerca de la mitad del presupuesto y los gastos sociales no representan una quinta parte del presupuesto nacional. Sin embargo, los ponentes de la ley de sostenibilidad fiscal, tienen el mentiroso argumento de que el principal responsable del déficit fiscal es el gasto social.

Para los sabios de la Regla Fiscal, pagar la deuda es un derecho fundamental del capital transnacional, que está por encima de los derechos de l@s colombian@s. La Sostenibilidad Fiscal es una ley apátrida.

La prioridad del Estado es pagar el servicio de la deuda y garantizar los gastos de guerra. Del sobrante, se establece un “balance primario”, donde el resto de gastos no pueden exceder los ingresos disponibles.

El objetivo es reducir la deuda, para que no se vuelva impagable. En el 2.010, la deuda del gobierno nacional central representa el 39,4% del PIB y la meta es que en 2.020 represente el 28,4%. De esta forma, se destinan más recursos a pagar deuda, sacrificando el gasto social.

EL GOLPE DE ESTADO

Continuando con el desmonte del Estado Social de Derecho, el gobierno Santos, aprovecha que tiene el control de más del 80% del parlamento, para castrar al poder judicial y anular los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales –DESCA-.

Con la ley de Sostenibilidad Fiscal, la rama judicial no podrá emitir ningún fallo que represente una erogación monetaria para el Estado.

Se anulan las sentencias de la Corte Constitucional a favor de los derechos fundamentales de l@s colombian@s, como la salud, educación, reparación de víctimas de la guerra y un sistema penitenciario digno.

Se eliminará la acción de Tutela, que permitía a los humildes, reclamar sus elementales derechos.

Aprobada la ley de Sostenibilidad Fiscal, las otras leyes que se tramitan con algún mínimo beneficio social, no podrán aplicarse.

La ley de restitución de tierras y reparación de víctimas es demagogia y un burdo maquillaje publicitario. De ningún lado saldrán los $70 billones necesarios para reparar las víctimas de la violencia, ni siquiera los 45 billones que plantearon los parlamentarios ponentes.

MOVILIZAR AL PUEBLO

La ley de Sostenibilidad Fiscal, presentada en julio del 2.010, ha sido tramitada en completo hermetismo, por los efectos desastrosos que tiene para la población. Los medios de información han sido muy diligentes para que no trascienda a la opinión pública.

Corresponde a los revolucionarios, demócratas, a la izquierda y todos los sectores sociales organizados, intensificar una campaña pedagógica, para que el pueblo entienda la gravedad de esta ley antisocial, para que se convierta en protesta popular, se tome las calles y llegue a los recintos parlamentarios impidiendo que se apruebe.

La movilización contundente de las grandes masas, podrá evitar que se materialice semejante amenaza contra los intereses sociales.