Radio Vanguardia

Con tres artículos-mico (1) en el Plan de Desarrollo (45, 46 y 47), Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo pretenden convertir en ley la idea de concentrar aún más la tierra rural , cambio que no se atrevieron a intentar Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias.

En el debate de Carimagua se supo que Uribe y Arias preferían que las 17 mil hectáreas de esa hacienda de propiedad del Estado se entregaran a un gran inversionista y no a medio millar de familias campesinas, como fue el primer compromiso. Querían que esos campesinos dos veces despojados se convirtieran en peones o en neoaparceros del monopolista afortunado, se quejaban porque la Ley 160 de 1994 no les permitía usar tierras públicas para montar latifundios privados “de 40, 45 mil hectáreas” y no se atrevían a proponerle al Congreso el cambio de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) (http://www.moir.org.co/IMG/pdf/004.pdf ).

La Ley 160 permite el acceso a la tierra de jornaleros y minifundistas dentro de los límites de la UAF, definida esta como la pequeña área que le permite vivir a una familia campesina y generar ahorros. También prohíbe entregarles los baldíos de la Nación a quienes sean propietarios rurales y determina que los baldíos adjudicados no podrán sumarse a otras tierras para convertirse en propiedades o sociedades mayores, condición que también tienen, durante 15 años, las tierras originadas en subsidios oficiales de reforma agraria.

El Plan de Desarrollo modifica a fondo la Ley 160/94 para promover la mayor concentración de la tierra en la historia del país. Para ello –y violando la Constitución– desmonta la limitación de la UAF y permite que se adjudiquen los baldíos de la Nación en cualquier área y a cualquier persona, terrateniente o banquero, nacional o extranjero. También autoriza que las propiedades originadas en adjudicaciones de baldíos o de reforma agraria puedan agregarse a otras para montar enormes negocios, todo dentro del objetivo del artículo 63 del programa de gobierno de Santos de promover “grandes explotaciones agropecuarias” y del compromiso de Restrepo en la Asociación Bancaria de montar en Colombia el modelo de la gran plantación brasileña. Como también ofrecieron Uribe y Arias en Carimagua, en este proyecto se “dará preferencia” a las “asociaciones” de los campesinos con los “grandes productores”. Allí donde ocurra, será la alianza del pájaro con el plátano maduro. Y se sabe que van por al menos siete millones de hectáreas en la Altillanura (Orinoquia), más las del resto del país. ¡La gran piñata!

Si con las normas actuales, que en algo controlan la concentración de la propiedad rural , Colombia es uno de los países del mundo con la tierra más concentrada en manos de muy pocos y tiene más del 30 por ciento de la población en el campo en la miseria, ¿cómo serán las cosas si Santos y el gran capital financiero se salen con la suya? Y esto, para peor, lo meten como un mico en el Plan de Desarrollo y no como una ley tramitada de cara al país, para no verse obligados a explicar por qué profundizan el sesgo anticampesino del agro, prefieren monopolistas a pequeños y medianos empresarios y que las tierras del Estado colombiano terminen en manos de extranjeros. De otra parte, ¿no son enormes los riegos de que esta ola de concentración de la tierra estimule la violencia que sigue campeando en la Colombia rural ?

Aunque no se sepa, la ley de víctimas y restitución de tierras, al igual que la orientación del Banco Mundial para pasar las fincas a productores “más eficientes”, son parte del paquete de hacer del monopolio el rey del agro. Primero, porque usan la restitución para maquillarse y hacer que no se mire hacia su proyecto de feroz concentración de la propiedad rural . Y segundo, porque, como está planteada, la ley de víctimas deja en manos de Santos los aspectos claves del proyecto –incluida la posibilidad de burlarse del país– y en ella nada impide que las tierras restituidas las vuelvan a perder los desplazados y terminen agregadas a las “grandes explotaciones agropecuarias” que pretende imponer la cúpula del santo-uribismo o el uribo-santismo.

Este debería ser un gran debate nacional y no una maniobra palaciega orquestada por los mismos de siempre, que prosperan mientras el país se hunde todavía más. Si lo que pretenden como objetivo es repudiable, no lo es menos que la manguala santista, en el gobierno y fuera de este, impida la discusión pública sobre un asunto de importancia capital para el progreso del país y el bienestar del pueblo, cada vez más víctimas de la concepción neoliberal y plutocrática de las medidas económicas y sociales.

http://www.moir.org.co/El-destape-de-Santos-sobre-la.html

NOTAS DE REBELIÓN:

(1) En Colombia se utiliza el término "mico" para designar una trampa que realizan los legisladores para hacer pasar de manera inadvertida leyes que por lo general benefician intereses privados en detrimento de lo público.

(*) Para profundizar en el fenómeno de la concentración de la tierra y la contrarreforma agraria narco-paramilitar:

http://www.recintodelpensamiento.com%2Fcrece%2Fdocs%2FPresentaciones%2F2009%2FSeminario%2520nov%25206%2FConcentracion%2520de%2520la%2520propiedad%2520rural_Ana%2520Maria%2520Iba%25C3%25B1ez.pdf&rct=j&q=concentraci%C3%B3n%20de%20la%20propiedad%20de%20la%20tierra%20en%20colombia&ei=YL9yTf3BN4nusgb7grmEDg&usg=AFQjCNEHpSgDbAiEs5uaKMnKcgFWjV02eQ&sig2=ABXSZIJ4b__tu0vhDBPk3Q&cad=rja

Una auténtica contrarreforma agraria en Colombia

Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas. Basta citar algunas estadísticas oficiales para dimensionar el fenómeno. En 1984, el 0.5% de los propietarios concentraban en sus manos 32.7% del área cultivable del país; en 1996, el 0.4% de los propietarios tenían 44.6% de la superficie (1); y actualmente el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables. Del otro lado, el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra (2). Durante 25 años, el conflicto armado ha sido utilizado para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. En efecto, Colombia es el segundo país en el mundo, luego de Sudan, por el número de desplazados internos. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombianos no ha sido solamente un efecto colateral del conflicto, sino un objetivo en sí de la guerra. En las zonas bananeras del Urabá antioqueño hombres armados ofrecían a los campesinos 250.000 pesos por hectárea de tierra cuyo precio era cuatro veces mayor (3). Quienes no vendían eran amenazados, extorsionados y muchas veces asesinados. El jefe paramilitar alias “HH” reconoció haber asesinado en esa zona en dos o tres años cerca de 1.600 personas. Mediante masacres a la vista de la población fueron desplazadas miles de personas y sus tierras pasaron a manos de sus victimarios, o de quienes actuaron tras de ellos. Otro jefe paramilitar y empresario bananero, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien controló la región por más de 10 años, ha reconocido sus vínculos estrechos y permanentes con el Ejército y la Policía, con los terratenientes y con las multinacionales inversionistas (4) en la zona bajo su control.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya había recomendado a Colombia en el 2001 la realización de una “genuina reforma agraria” (5). Será difícil que el gobierno colombiano muestre avances al respecto durante las sesiones de mayo de 2010 cuando ese comité estudie nuevamente la situación en Colombia. A título ilustrativo servirá el tema de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en la que no ha habido ni una condena penal en firme contra los paramilitares que se han acogido a ella. En las declaraciones de estos paramilitares ante la justicia no ha habido casi ninguna mención de su implicación en la apropiación violenta de tierra y tampoco los fiscales han hecho preguntas sobre este tema. Aún más lejos está el derecho de las víctimas a una reparación adecuada que incluya la restitución en condiciones de seguridad de sus tierras arrebatadas por los paramilitares. Muy por el contrario son ya varios los líderes que han pagado con su vida el hecho de representar asociaciones de desplazados que intentan recuperar sus tierras en esos procesos judiciales.

Con el hundimiento este año en el Congreso de la República del proyecto de ley para proteger las víctimas, se hundió también el capítulo que trataba exclusivamente el problema de la devolución de las tierras. Inclusive se había previsto crear Tribunales de Tierras destinados a restituir esas tierras. Los pasos del gobierno y del Congreso, deslegitimado por el escándalo de la parapolítica, van más bien en el sentido contrario: en enero de 2008 fue sancionada la ley 1182 “por medio de la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la propiedad inmueble”. Esta ley permite legalizar los predios rurales de menos de 10 hectáreas en un procedimiento laxo que no da garantías reales para que los desplazados puedan oponerse a que sus tierras arrebatadas sean tituladas por los usurpadores.

El gobierno colombiano apuesta por fomentar las agroindustrias como eje de lo que considera como “desarrollo” del campo. Los proyectos para cultivar grandes extensiones de palma aceitera destinada a producir agro combustibles son una de sus banderas principales. Pero la Unión Europea no puede mirar a otro lado cuando el gobierno colombiano abre las puertas a inversiones relacionadas con las tierras rurales. Es necesario enviar un claro mensaje de que la UE no avala un proceso de acumulación de la propiedad de las tierras en pocas manos mediante años de sistemático desplazamiento forzado, utilizando masacres, torturas y desapariciones forzadas. En caso contrario las inversiones europeas podrían tener como destino las tierras robadas a los desplazados. La UE igualmente debería apoyar las recomendaciones del Comité DESC para que se realice una auténtica reforma agraria, que constituye un paso obligatorio hacia una paz duradera en Colombia.