Radio Vanguardia

Prácticamente sin haberse implementado, porque en realidad se trataba de un acuerdo marco que contemplaba la posterior discusión de varios temas, el convenio militar que firmaron Colombia y Estados Unidos en octubre del año pasado dejó de existir legalmente el martes por decisión de la Corte Constitucional.

Seis de los nueve magistrados consideraron que los temas incluidos en el acuerdo, entre ellos la utilización de al menos siete bases colombianas por aviones y barcos estadounidenses, obligaban a una ratificación en el Congreso y del control previo de la misma Corte Constitucional.

Ese requisito no se cumplió y por eso el alto tribunal tumbó el acuerdo, pero dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno lo remita al Legislativo, tal y como lo ordena la Constitución. En un concepto previo, que no obligaba, el Consejo de Estado también había dicho que no se trataba de un 'acuerdo simplificado' (es decir, de una ampliación de temas ya discutidos), sino de un nuevo tratado que debía negociarse y ratificarse con todo el rigor.

La Corte señaló el martes que, al quedar sin efecto la negociación, todo el personal militar, equipos y ayudas que el país haya recibido en gracia de la firma del documento, debe regresar a su país de origen.

Pero en plata blanca, de acuerdo con fuentes del Gobierno, la caída del acuerdo no afecta la cooperación con EE. UU. tal y como está en este momento. Esto porque el personal militar y el civil no excede el tope de 1.400 personas que está aprobado desde el Gobierno Pastrana (de hecho, ronda las 300 unidades). Por lo pronto, habría limitantes a operaciones de Estados Unidos en algunas bases que no habían sido usadas antes, pero seguirán haciendo presencia en Tolemaida, Larandia, Tres Esquinas y otras destinadas a la lucha antinarcóticos.

Los aviones norteamericanos, de todos modos, no podrán usar la base de Palanquero, la más importante del país, que en sus planes aparecía como plataforma de sus vuelos intercontinentales hacia África. Desde el año pasado, Washington había destinado una partida de poco menos de 30 millones de dólares para adecuar esa pista.

La Corte no debatió de fondo el contenido del acuerdo, y no lo declaró inexequible sino "inexistente", según explicó su presidente, magistrado Mauricio González.

"No se optó por darle un tiempo al Gobierno (para enviarlo al Congreso) porque esto le hubiera dado constitucionalidad diferida a un acto jurídico que no existe", dijo.

Rodrigo Rivera, ministro de Defensa

"El Gobierno acata el fallo de la Corte, pero lo estudiará detalladamente a la luz del Derecho Internacional y las normas vigentes. Los acuerdos previamente suscritos seguirán en firme".

Juan Lozano, presidente de 'la U'

"Conocemos la declaración de la Corte de manera fragmentada e incompleta, pero ahondaremos en ella. Si es necesario que pase por el Congreso, lo haremos como lo ordena la sentencia".

Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional

"La Corte declara que el acuerdo complementario entre EE. UU. y Colombia, de 2009, no puede surgir efecto en el orden jurídico colombiano, hasta tanto no cumpla con el trámite constitucional propio de los tratados internacionales, debido a que consideró que no era un acuerdo simplificado, sino que tenía contenidos materiales de tratado internacional".

Estados Unidos respeta la decisión

Una alta fuente del departamento de Estado le dijo a EL TIEMPO que EE. UU. "respeta las decisiones tomadas por las instituciones democráticas de Colombia".

Informalmente, en el departamento de Defensa el tono es un poco más sobrio. No descartan que la decisión haga parte de la disputa del anterior gobierno con las Cortes y les preocupa el futuro del acuerdo. Aún así creen que el presidente Juan Manuel Santos, que fue quien negoció el acuerdo como ministro de Defensa, contaría con mayorías legislativas para hacerlo aprobar.

Historia del tratado

Luego de que se venciera, el año pasado, el acuerdo que permitía la permanencia de Estados Unidos en la base de Manta (Ecuador), se comenzó a hablar de la posibilidad de que uniformados de ese país usaran bases militares en Colombia.

Inicialmente, el acuerdo se había presentado como una extensión de otros tratados entre Colombia y EE. UU., el primero de ellos en 1939 y varios más, incluido el que creó el Plan Colombia en 1999.

Aunque el Gobierno de Hugo Chávez insistió en que el acuerdo permitía la creación de bases, el Gobierno colombiano recalcó que solo se trata del uso de estas. Incluso hubo debates contra el país en Unasur.

La Corte Constitucional consideró el martes, diez meses después de la firma, que el documento es un tratado autónomo entre Bogotá y Washington y que debe contar con el visto bueno del Legislativo.

Entre otros temas, el acuerdo permitía la llegada de buques y aviones de Estados Unidos al menos a siete bases colombianas en el interior y las costas, así como sobrevuelos autorizados. También daba inmunidades diplomáticas a personal de EE. UU.

La demanda

La demanda que analizó la corte fue interpuesta por la organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que pide que se declare "inexequible" (no ajustado a la Constitución) el convenio militar firmado en octubre de 2009.

El magistrado Jorge Iván Palacios, encargado de estudiar esa demanda, dijo en una ponencia que la firma del acuerdo no cumplió los requisitos legales y, dado que se trata de un convenio distinto a otros anteriores, debía pasar por el Congreso para su aprobación.

Sin embargo, para el Gobierno es una continuidad de otro pacto bilateral militar vigente desde 1974, por lo que no necesita el visto bueno del Congreso.