El gobierno una vez más pretende burlar los intereses de los trabajadores, desconociendo un justo aumento al salario mínimo, sostienen directivos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Subdirectiva Santander CUT. Los sindicalistas llaman a todas y todos los trabajadores a la unión en la exigencia de garantías y derechos laborales, en la defensa de los derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales y de los Derechos Humanos en forma integral. “Llamamos a consolidar las formas organizativas para desarrollar un paro cívico nacional el próximo año, exigiendo calidad de vida para todas y todos los colombianos” señala el comunicado.
"Los espíritus que curan y atienden a los enfermos permanecen allá, en ese cerro. En nuestros territorios existe mucha sabiduría y hay sitios sagrados como lo es el cerro que está amenazado ahora por las empresas".
La militarización del país es la respuesta del Gobierno colombiano ante la declaratoria de calamidad pública, por el desastre que causan las lluvias.
No hay duda el Pentágono tiene buenos alumnos. EE.UU. ocupó militarmente Haití aprovechando el desastre de esa hermana república y ahora el Ministro Rivera, aplica a los colombianos la misma medicina.
Las Fuerzas Armadas gubernamentales no se han preparado para ayudar a los humildes sino para reprimirlos, porque les han enseñado que son parte del enemigo interno, por eso tal militarización es absurda, si de ayudar se trata, además es oportunista y peligrosa, por aquello de “en rio revuelto ganancia de pescadores”.
¿En cuántos escándalos por actividad mafiosa, robo corrupción, asesinatos, masacres y similares están envueltas las Fuerzas Armadas gubernamentales? Muchas, demasiadas, a granel, solo basta leer los diarios, ver la televisión, escuchar la radio y pare de contar, porque esa institución es parte integral de un Estado terrorista, corrupto, mafioso y como dice el adagio, “de tal palo tal astilla”.
Por esto, imaginarse a los señores oficiales y suboficiales de las FF.AA. cuidando enseres abandonados, administrando las ayudas materiales y otras situaciones similares, no permite sentir confianza o efectividad; más bien hay que entender éste, como el esfuerzo por mostrar la cara amable de esta institución, que borre o amaine el impacto de su accionar al lado de los paramilitares, de los narcotraficantes, realizando los mal llamados “falsos positivos”, asesinando prisioneros para ocultar el robo de bienes en sus acciones de orden público, violando niños, asesinándolos y sepultándolos para esconder sus atrocidades. O para que nadie le de trascendencia al último y gravísimo escándalo de Fondelibertad, donde el hermano del ex comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla, hacía parte de las bandas que celebraron contratos de manera ilícita.
El señor Santos y su gobierno no pueden escurrirse de su responsabilidad, con medidas demagógicas y efectistas, que no sólo no contribuyen a resolver los gravísimos problemas, perfectamente previsibles además, como son los ocasionados por las lluvias, pero que no se asumen porque ello no arroja ganancias, sino que tienen que ver con las obligaciones constitucionales, que se violan flagrantemente porque lejos de pensar en los colombianos y colombianas que son la gran mayoría, se actúa de manera excluyente y elitista; ningún oligarca colombiano es damnificado del invierno, esas calamidades las padece el pueblo y un poco los sectores medios del país, pero para resolverlos no hay dinero, no hay planes de prevención y ahora el gobierno se declara, “sin capacidad para afrontar las repercusiones del invierno”.
En Colombia hay todo el dinero necesario para la guerra, los reinados, para realizar jugosos negoción de la clase en el poder; pero no hay recursos para resolver los acuciantes problemas de los colombianos que lo pierden todo en cada invierno.
Como lo hemos dicho repetidas veces en estas páginas, el pueblo solo tendrá derechos y justicia social, cuando mediante sus luchas y organización, alcance lo que hoy le niega la clase en el poder.

Ante unos 130 invitados, en un restaurante en el norte de Bogotá, Blanca Inés Durán, alcaldesa y conocida activista homosexual, y su novia, la antropóloga Catalina Villa, certificaron su Unión Marital de Hecho, la única figura legal a la que pueden optar en Colombia dos personas del mismo sexo que pretendan casarse.
Vestidas ambas de blanco, como mostraron las televisiones locales, Durán y Villa sellaron con un rito celta su unión, tras más de dos años de relación.
Aunque en Colombia se celebran uniones de este tipo entre personas del mismo sexo desde que fueron permitidas en 2007, la de hoy fue la primera conocida de una funcionaria pública.
La legislación colombiana actual establece que las parejas homosexuales son una "realidad patrimonial", con algunos derechos civiles como el acceso a pensiones, pero no las reconoce como familia.
La Corte Constitucional estudia precisamente desde hace unos meses una demanda que busca reconocer el derecho al matrimonio homosexual y sobre la que debe fallar antes del próximo 18 de noviembre.
Fuentes cercanas al proceso citadas hoy por el diario El Espectador afirman que el fallo podría producirse el próximo jueves y apuntan que será favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Sin embargo, la Iglesia católica presentó un concepto ante el Constitucional en el que asegura que se ha demostrado que los homosexuales "se hacen, no nacen", por lo que aceptar el matrimonio entre parejas del mismo sexo sería crear "un ambiente proclive a la homosexualidad".
Además, algunos magistrados del alto tribunal son claramente contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso uno de ellos, Nilson Pinilla, sostuvo en un acta de abril pasado que los homosexuales padecen una "anomalía" y, por tanto, necesitan "atención psicológica".
El 12 de octubre de cada año se conmemora el "Día de la Resistencia Indígena" destinado a reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad y diversidad cultural y humana, reivindicando tanto a los pueblos indígenas de América como los aportes de los pueblos y las culturas africanas, asiáticas y europeas en la conformación de nuestra nacionalidad. El arribo de los Europeos a tierras Americanas fue una hazaña sangrienta acompañada de la implementación de la religión o creencia Cristiana como instrumento opresor durante la llamada conquista. Este acto llamado “Descubriendo de América” implicó el exterminio de extensas civilizaciones, por esta razón, el 12 de Octubre no es fecha para celebrar.
Por lo tanto, culturas diferentes encontradas en un mismo ser, acusaron un choque de costumbres y con ellas medio milenio de arrebato con violencia y colonización, la marca de tener vergüenza de ser quien somos, esa pirámide social y donde el color de piel y el apellido siguen siendo los factores que determinan la posición tanto social como económica, ya es hora de que toda América despierte y dignamente reconozcamos que hemos arrastrado costumbres que no nos pertenecen y que nuestro antepasados tuvieron una lucha dura por nuestra nación. |
Calderón cayó en la deshonestidad: AMLO
6 comentario(s) Afirma el ex candidato presidencial que el mandatario tiene un problema de conciencia, porque renunció a los principios, ideales y valores que le inculcaron en su familia y se ha entregado por entero a la mentira
El Procurador General de la Nación , Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la actual senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley, Farc.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) mantienen el reclamo de una oportunidad para la paz en el país pero sin la rendición reclamada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Fue la respuesta de la organización rebelde al dilema planteado por el gobierno colombiano luego de la muerte de su jefe militar Jorge Briceño.

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Pilotos cuentan detalles de la operación 'Sodoma'
Clara Rojas desmiente las versiones que dio Ingrid Betancourt sobre su hijo
20/09/10 - 17:13Dijo que la ex candidata presidencial la traicionó al asegurar que ella pidió permiso para tener a Emmanuel en la selva. "Es una infamia", sostuvo.
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Indignada, Rojas salió anegar que haya pedido permiso a la guerrilla de las FARC para tener a su hijo Emmanuel, como lo aseguró su compañera de cautiverio Ingrid Betancourt en su libro "No hay silencio que no termine", que sale a la venta mañana.
Rojas, quien fue la compañera de fórmula de Betancourt en 2002 y fue secuestrada junto a ella aquel año, dijo que la ex candidata le envió hoy por primera vez en su vida un correo electrónico pidiéndole disculpas por los titulares de prensa que reprodujeron esa versión de los hechos.
"¿Cómo se atreve a hacer una aseveración sin tener una prueba? Me gustaría tenerla en frente para que me muestre esas pruebas. Lo que ella ha hecho es infame", dijo Rojas en entrevista con la emisora W Radio, a la que le aseguró sentirse traicionada por Betancourt.
"A mi nunca se me ocurrió meterme con los hijos de Ingrid", subrayó Rojas y aseguró que el mail que recibió fue la primera comunicación directa con ella en casi tres años desde que fueron liberadas y recordó que en al menos dos ocasiones, Ingrid se negó a saludarla.
La política colombiana le pidió a Betancourt demostrar con pruebas si sabe quién es el padre de su hijo Emmanuel y aseguró que en el libro "Ingrid no está diciendo la verdad".
"No tenía derecho" a revelar quién es el padre de Emmanuel y si lo sabe, "que lo demuestre con pruebas", pidió varias veces Clara durante la extensa entrevista.
Además, Clara Rojas insistió con que no es verdad que en una reunión que sostuvieron con el integrante del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Joaquín Gómez le haya entregado una carta en la que le pedía permiso para ser madre.
Según extractos del libro de Betancourt, Rojas "habló de su reloj biológico y argumentó que no le queda mucho tiempo para convertirse en madre". A juicio de la ex rehén, Betancourt "no ha sido clara" y "no ha dicho las cosas como son".
"Me duele por ella, pidió rezar para que esto llegue a su punto final. Tres años después de estar libres no ha sido capaz de llamarme (...) ¿Por qué no me llama para preguntarme sobre sus dudas?", señaló.
Rojas igualmente contó que en una oportunidad Betancourt le recomendó entregarle a las FARC a su hijo y consideró que este tipo de hechos también debió narrarlos en su libro Ingrid.
"Un día dijo que le dejara el niño a las FARC, que ellos lo sacaban por Ecuador y otras cosas (...) algo como que yo me olvidara del niño", indicó.
La ex secuestrada también manifestó que le gustaría que Betancourt hiciera un "esfuerzo por ser feliz". "Lo tiene todo".
Rojas, quien fue liberada de forma unilateral por las FARC en enero de 2008 por una mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que en su libro "Cautiva. Testimonio de un secuestro" (2009) nunca escribió algo que pudiera molestar a Betancourt.
Ingrid fue rescatada por las fuerzas militares colombianas en julio de 2008, junto a otros 14 secuestrados, entre ellos tres estadounidenses y lanzará a nivel internacional su libro mañana.
Reclaman maestros solución al grave deterioro de los servicios de salud
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En medio del silencio casi total de los grandes medios de comunicación que están al servicio del gobierno, decenas de miles de docentes se movilizaron el pasado jueves en todo el país para rechazar políticas concretas de la administración de Juan Manuel Santos, a pesar de las amenazas de la ministra de Educación María Fernanda Campo, que en una Directiva Ministerial ordenó a los rectores y secretarios de educación que tomaran nota de los docentes participantes en la jornada nacional de protesta convocada por Fecode.
El motivo central de la protesta magisterial fue muy claro: exigirle al gobierno que solucione de inmediato el grave problema de deterioro que acusan los servicios médicos que se prestan a los docentes y sus familiares más cercanos. La calidad, oportunidad y eficacia de estos servicios está despareciendo por cuenta de una política de asfixia presupuestal que se inició en el pasado gobierno y ha continuado con el actual, tras la decisión de los representantes de los ministerios de Educación, Hacienda y Protección Social en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de prorrogar los actuales contratos de salud hasta mediados del año entrante sin modificar para nada el costo de la unidad de capitación que se ha mostrado insuficiente para atender el servicio a los docentes.
El magisterio incluyó también en su protesta del jueves el rechazo total a la nueva propuesta de reforma al sistema general de seguridad social en salud a través de un proyecto de ley que presentó la senadora santista Dilian Francisca Toro, que cuenta con el apoyo del gobierno. Este proyecto busca rescatar los decretos de emergencia social que expidió el gobierno anterior y que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. La reforma plantea la adopción de un Plan Obligatorio de Salud único, nivelado por lo bajo, con lo cual les asegura a los mercaderes de la salud mayores ganancias. Y al ordenar que todos los colombianos estén afiliados al régimen contributivo o al régimen subsidiado, elimina de un tajo los regímenes especiales existentes en materia de salud, entre ellos el del magisterio que, como todos recordarán, logró con la lucha en 1993, ser exceptuado de la aplicación de la fatídica ley 100.
Fue también objeto de rechazo por parte de los maestros asistentes a las marchas y concentraciones del jueves 9 de septiembre, la decisión del gobierno de Santos y su ministra Campo de continuar con el sistema de contratación con el sector privado la prestación del servicio público educativo, como lo anunció la ministra en la primera reunión celebrada con Fecode el 26 de agosto, en la que también declaró tajantemente que el nuevo gobierno no tiene ningún interés en discutir con el magisterio la posibilidad de unificación de los regímenes laborales existentes en un solo estatuto que acabe con la artificial división del gremio.
La presencia de torrentes de maestros en las calles y plazas colombianas el jueves pasado es una muestra estimulante de que hay sectores en nuestra sociedad que no tragan entero todas las baratijas y engaños con los que los medios de comunicación y los sectores políticos gobernantes quieren enredar al pueblo colombiano para que acepte sin chistar la política de profundización del modelo neoliberal y de mayor sometimiento al dominio imperialista norteamericano. Con un magisterio dispuesto a luchar por sus derechos y a enfrentar el modelo imperante hay esperanza de que otros sectores de trabajadores y de colombianos oprimidos se levanten.
Ante la reciente arremetida de las Farc y el recrudecimiento de la violencia en la comuna 13 de Medellín, el Gobierno se apresta a lanzar su Política Integral de Seguridad, que comprende no sólo la intensificación de las operaciones militares sino también la colaboración activa de la ciudadanía y la Comunidad Internacional.
El informe revelado por la ONU dice que no se encontraron indicio sobre la presencia de fosas comunes en el lugar de la Macarena (Meta), como lo venían denunciado varias ONG y algunos miembros de grupos de izquierda.
Recientemente durante la visita de una delegación de congresistas y sindicalistas británicos denunciaron el hallazgo de los restos de 2.000 personas en La Macarena (Meta).
El Gobierno Nacional desmintió a varias ONG y a los congresistas Piedad Córdoba e Iván Cepeda, frente a la existencia de una fosa común en un cementerio en La Macarena, el cual también es cercano a un batallón del Ejército.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aclaró que la Fiscalía no encontró huellas de una fosa común en el cementerio de ese municipio.
Las autoridades del gobierno de Rusia están empeñadas en deportar a como dé lugar a Colombia al siniestro mercenario israelí Yair Gal Klein, el coronel retirado que a finales de la década de los 80, con el combustible del dinero sucio de la cocaína y sus mafias, adiestró en tácticas de guerra y explosivos a los nacientes ejércitos privados en el Magdalena Medio que constituyeron la piedra angular de los grupos de autodefensa.
Sólo bastó un amanecer a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para que el parlamento canadiense decidiera ponerle fin a casi dos años de estudio y de discusión sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia. La decisión de ratificarlo fue tomada luego de que estuvo durante meses en manos de algunos parlamentarios del partido liberal a quienes les rondaba la duda de consolidar un pacto comercial (y de inversiones) con un gobierno con tantos antecedentes de violación de los derechos humanos. El tratado bilateral fue firmado en China en noviembre de 2008 entre el Primer Ministro, Stephen Harper, y Álvaro Uribe, y fue aprobado por el poder legislativo canadiense el 21 de junio de 2010 en su sede en Ottawa, esa misma por donde pasaron personalidades políticas y miembros de la sociedad civil, tanto colombianos como canadienses, exponiendo sus posturas en pro y sobretodo en contra del acuerdo.
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Seis magistrados declararon "inexistente" la negociación porque no surtió trámite que debe tener un tratado internacional; esto es, ser ratificado en el Congreso y sancionado por ley.
Prácticamente sin haberse implementado, porque en realidad se trataba de un acuerdo marco que contemplaba la posterior discusión de varios temas, el convenio militar que firmaron Colombia y Estados Unidos en octubre del año pasado dejó de existir legalmente el martes por decisión de la Corte Constitucional.
Seis de los nueve magistrados consideraron que los temas incluidos en el acuerdo, entre ellos la utilización de al menos siete bases colombianas por aviones y barcos estadounidenses, obligaban a una ratificación en el Congreso y del control previo de la misma Corte Constitucional.
Ese requisito no se cumplió y por eso el alto tribunal tumbó el acuerdo, pero dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno lo remita al Legislativo, tal y como lo ordena la Constitución. En un concepto previo, que no obligaba, el Consejo de Estado también había dicho que no se trataba de un 'acuerdo simplificado' (es decir, de una ampliación de temas ya discutidos), sino de un nuevo tratado que debía negociarse y ratificarse con todo el rigor.
La Corte señaló el martes que, al quedar sin efecto la negociación, todo el personal militar, equipos y ayudas que el país haya recibido en gracia de la firma del documento, debe regresar a su país de origen.
Pero en plata blanca, de acuerdo con fuentes del Gobierno, la caída del acuerdo no afecta la cooperación con EE. UU. tal y como está en este momento. Esto porque el personal militar y el civil no excede el tope de 1.400 personas que está aprobado desde el Gobierno Pastrana (de hecho, ronda las 300 unidades). Por lo pronto, habría limitantes a operaciones de Estados Unidos en algunas bases que no habían sido usadas antes, pero seguirán haciendo presencia en Tolemaida, Larandia, Tres Esquinas y otras destinadas a la lucha antinarcóticos.
Los aviones norteamericanos, de todos modos, no podrán usar la base de Palanquero, la más importante del país, que en sus planes aparecía como plataforma de sus vuelos intercontinentales hacia África. Desde el año pasado, Washington había destinado una partida de poco menos de 30 millones de dólares para adecuar esa pista.
La Corte no debatió de fondo el contenido del acuerdo, y no lo declaró inexequible sino "inexistente", según explicó su presidente, magistrado Mauricio González.
"No se optó por darle un tiempo al Gobierno (para enviarlo al Congreso) porque esto le hubiera dado constitucionalidad diferida a un acto jurídico que no existe", dijo.
Rodrigo Rivera, ministro de Defensa
"El Gobierno acata el fallo de la Corte, pero lo estudiará detalladamente a la luz del Derecho Internacional y las normas vigentes. Los acuerdos previamente suscritos seguirán en firme".
Juan Lozano, presidente de 'la U'
"Conocemos la declaración de la Corte de manera fragmentada e incompleta, pero ahondaremos en ella. Si es necesario que pase por el Congreso, lo haremos como lo ordena la sentencia".
Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional
"La Corte declara que el acuerdo complementario entre EE. UU. y Colombia, de 2009, no puede surgir efecto en el orden jurídico colombiano, hasta tanto no cumpla con el trámite constitucional propio de los tratados internacionales, debido a que consideró que no era un acuerdo simplificado, sino que tenía contenidos materiales de tratado internacional".
Estados Unidos respeta la decisión
Una alta fuente del departamento de Estado le dijo a EL TIEMPO que EE. UU. "respeta las decisiones tomadas por las instituciones democráticas de Colombia".
Informalmente, en el departamento de Defensa el tono es un poco más sobrio. No descartan que la decisión haga parte de la disputa del anterior gobierno con las Cortes y les preocupa el futuro del acuerdo. Aún así creen que el presidente Juan Manuel Santos, que fue quien negoció el acuerdo como ministro de Defensa, contaría con mayorías legislativas para hacerlo aprobar.
Historia del tratado
Luego de que se venciera, el año pasado, el acuerdo que permitía la permanencia de Estados Unidos en la base de Manta (Ecuador), se comenzó a hablar de la posibilidad de que uniformados de ese país usaran bases militares en Colombia.
Inicialmente, el acuerdo se había presentado como una extensión de otros tratados entre Colombia y EE. UU., el primero de ellos en 1939 y varios más, incluido el que creó el Plan Colombia en 1999.
Aunque el Gobierno de Hugo Chávez insistió en que el acuerdo permitía la creación de bases, el Gobierno colombiano recalcó que solo se trata del uso de estas. Incluso hubo debates contra el país en Unasur.
La Corte Constitucional consideró el martes, diez meses después de la firma, que el documento es un tratado autónomo entre Bogotá y Washington y que debe contar con el visto bueno del Legislativo.
Entre otros temas, el acuerdo permitía la llegada de buques y aviones de Estados Unidos al menos a siete bases colombianas en el interior y las costas, así como sobrevuelos autorizados. También daba inmunidades diplomáticas a personal de EE. UU.
La demanda
La demanda que analizó la corte fue interpuesta por la organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que pide que se declare "inexequible" (no ajustado a la Constitución) el convenio militar firmado en octubre de 2009.
El magistrado Jorge Iván Palacios, encargado de estudiar esa demanda, dijo en una ponencia que la firma del acuerdo no cumplió los requisitos legales y, dado que se trata de un convenio distinto a otros anteriores, debía pasar por el Congreso para su aprobación.
Sin embargo, para el Gobierno es una continuidad de otro pacto bilateral militar vigente desde 1974, por lo que no necesita el visto bueno del Congreso.