Radio Vanguardia

Esta semana asistí a la audiencia de Derechos Humanos convocada por la senadora Gloria Inés Ramírez en el municipio de La Macarena, Meta, en la que participaron además la senadora Piedad Córdoba, la presidenta del Polo Democrático, Clara López, y una delegación compuesta por nueve parlamentarios europeos, así como diversas organizaciones internacionales. Escuchamos los testimonios de los representantes de ochocientos campesinos que llegaron de distintos municipios de la región.

Las denuncias que se hicieron en la audiencia pública evidenciaron la existencia del complejo de fosas que está localizado en un terreno controlado por las Fuerzas Militares. En la tarde visitamos ese lugar. El cementerio clandestino se localiza en una extensa superficie anexa a la base militar en la que funcionan las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, y a la vez parece una prolongación del cementerio oficial del municipio que está ubicado en la misma zona. Se compone de cientos de fosas identificadas con pequeñas tabletas de madera que tienen inscripciones de las fechas en las que fueron enterrados los cuerpos y que datan desde 2004 hasta 2010.

Las exhumaciones realizadas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía apenas están comenzando ahora. Según los testimonios de los habitantes de la zona, en un comienzo en ese terreno miembros del Ejército amontonaban los cadáveres en bolsas negras. Pero luego el sepulturero del cementerio oficial del municipio se encargó de cavar las fosas. Esta macabra práctica comenzó luego de que concluyera la llamada zona de despeje que sirvió de escenario para los diálogos entre el gobierno del presidente Pastrana y la guerrilla de las Farc.

En el caso del cementerio del Ejército en La Macarena ocurrió algo similar a lo acontecido con el escándalo de los “falsos positivos” perpetrados en el municipio de Soacha. Las autoridades sólo reconocieron su existencia cuando organismos internacionales y la prensa comenzaron a interesarse por el tema. En el caso del cementerio, en diciembre de 2009 una delegación de ONG británicas visitó el conjunto de fosas que había al lado de la base militar y se entrevistó con las autoridades locales. Durante esa visita, el coronel del Ejército Alfonso Yunda les aseguró a los miembros de la delegación que el cementerio daba cuenta de uno de los mayores éxitos de la política de seguridad democrática, puesto que allí yacían “guerrilleros dados de baja en combate”. Jhonny Hurtado, el defensor de Derechos Humanos que guió a la delegación británica en su visita al cementerio, fue asesinado en su finca el 15 de marzo de 2010.

En un oficio fechado el 12 de febrero de 2010, la directora nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, Alexandra Valencia, afirmó que en el cementerio habría “aproximadamente 2.000 cuerpos” y que era necesario cuanto antes adelantar las labores para su exhumación e identificación científica. Por su parte, la Cancillería reconoció el día de la audiencia que en el cementerio habría 449 cadáveres de personas abatidas por el Ejército en combates realizados en la zona.

No obstante, las organizaciones de Derechos Humanos han documentado al menos diez casos que demuestran que jóvenes de la región fueron desaparecidos y posteriormente enterrados en el cementerio del Ejército. Uno de esos casos fue presentado en la audiencia. Según el relato de Gerardo Borda a su hijo Everardo, un joven campesino, lo detuvieron miembros del Ejército en la vereda La Jardinera, y lo asesinaron el 16 de enero de 2008. Tiempo después Medicina Legal informó que su cuerpo fue hallado en el cementerio clandestino. Los familiares de personas desaparecidas que han hecho este tipo de denuncias han sido constantemente amenazados.

Los hechos de La Macarena revelan numerosas irregularidades y podrían constituir un nuevo caso de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la forma de masivas ejecuciones perpetradas por agentes del Estado. Sin duda, como lo demuestran las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría, no se hicieron debidamente los procesos de identificación y levantamiento de cadáveres. No se ha podido establecer una contabilidad cierta de la cantidad de cuerpos enterrados, que no es inferior a 449 como lo ha reconocido el propio Gobierno Nacional. Tampoco se tiene certeza de las circunstancias en las que murieron las personas enterradas en una zona sobre la que ejerce control la Fuerza Pública. Durante largo tiempo, el cementerio clandestino no contó con medidas de protección que impidieran la manipulación de las fosas y los restos mortales que contienen.

De los relatos de las víctimas en la audiencia de La Macarena se desprende un cuadro de múltiples violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad que tiene como componente esencial las ejecuciones masivas que en Colombia se han conocido como “falsos positivos”. Una imagen que dista diametralmente de aquella presentada por el gobierno del presidente Uribe, que ha proclamado al municipio de La Macarena como ejemplo de su proyecto de “recuperación y consolidación del territorio”. Esta publicidad se ha hecho especialmente en Estados Unidos, pues las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido ubicadas en esa región cuentan con la financiación del Plan Colombia.

¿Cuántos cementerios clandestinos creados por las Fuerzas Militares, como el de La Macarena, habrá en los municipios de Colombia?

* Líder de Derechos Humanos y senador del Polo Democrático